Con la ley en la mano
La ley estatal no pone a la comunidad una fecha para retirarlo. Lo que dice es que cada ayuntamiento debía elaborar, en el año siguiente al 10 de abril de 2022, un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto con un calendario público que planifique su retirada, priorizando según su peligrosidad y la exposición de la población más vulnerable; las autoridades de la comunidad autónoma inspeccionan después que se ha retirado (Ley 7/2022, disposición adicional decimocuarta). La ley no dice si ese calendario obliga por sí solo a un edificio privado. Fuera de Cataluña, retirarlo es obligatorio y no necesita acuerdo previo de la junta cuando hace falta para conservar el edificio en condiciones de seguridad o cuando lo impone la Administración (art. 10.1.a LPH); la junta solo acuerda el reparto de la derrama y cómo se paga (art. 10.2.a). En Cataluña, desde el 3 de octubre de 2026, una ley propia obliga a mantener libre de amianto el inmueble en el que se ha identificado, retirándolo en los plazos que fijen con carácter vinculante las instituciones competentes, y a entregar un certificado al vender o alquilar.
Lo que dice la ley estatal
La Ley 7/2022 de residuos encargó a los ayuntamientos, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto con un calendario que planifique su retirada. Censo y calendario son públicos y se remiten a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales de la comunidad autónoma, que inspeccionan que se ha retirado y enviado a un gestor autorizado. La retirada se prioriza por peligrosidad y por la exposición de la población más vulnerable (disposición adicional decimocuarta).
En las obras de demolición, el amianto se retira por separado, sin mezclarlo con otros residuos (art. 30.1), y antes de demoler, salvo que retirarlo suponga un riesgo mayor para los trabajadores (Real Decreto 847/2026, art. 11.1.a).
Quién puede retirarlo
Retirar amianto o materiales que lo contengan de un edificio, y también mantener o reparar esos materiales, está dentro del Real Decreto 847/2026, que desde el 24 de octubre de 2026 sustituye al Real Decreto 396/2006 (art. 3.1.c y d y disposición derogatoria única). La empresa que lo haga tiene que estar inscrita en el Registro de empresas con riesgo por amianto (RERA) antes de empezar (art. 18.1) y tener aprobado por la autoridad laboral un plan de trabajo que diga, entre otras cosas, si el material es friable o no friable, como el fibrocemento (arts. 11 y 12).
Lo que ha cambiado: con el real decreto anterior, algunos trabajos esporádicos y de baja exposición (mantenimiento corto con materiales no friables, retirada sin deterioro de materiales no friables, encapsulado y sellado, toma de muestras) no necesitaban plan de trabajo ni inscripción en el RERA (Real Decreto 396/2006, art. 3.2). Con el nuevo, esos trabajos solo se libran de comunicar el inicio con siete días hábiles de antelación, y solo si la evaluación de riesgos indica claramente que no se superará el valor límite; la retirada sin deterioro se describe ahora como la de materiales no degradados con las fibras firmemente unidas en una matriz (Real Decreto 847/2026, arts. 3.2 y 13.1).
Para el mantenimiento o la reparación, o la retirada pequeña de materiales no friables, hechos en una sola jornada, con un máximo de cuatro horas por trabajador y dieciséis entre todos, la empresa puede tener un plan único de carácter general en lugar de uno por obra (art. 11.4.a).
En los edificios construidos antes de que se prohibiera el amianto, la empresa que vaya a hacer una obra de demolición, mantenimiento o rehabilitación tiene que identificar antes los materiales que puedan contenerlo, pidiendo información a los propietarios y a otras fuentes, o encargando un examen a una persona cualificada si no hay información (art. 10.2 y disposición final tercera).
Pide el número de inscripción en el RERA antes de aceptar el presupuesto, también para cambiar un tramo de bajante, y el plan de trabajo aprobado antes de que empiece la obra. La inscripción vale tres años (art. 18.4), las empresas que ya estaban inscritas tienen que pedir la renovación en los seis meses siguientes al 24 de octubre de 2026 o causan baja (disposición transitoria segunda), y cada administración tiene que publicar la lista de las empresas inscritas con al menos un plan de trabajo aprobado (art. 21.4).
Si hay que votarlo y quién paga
Fuera de Cataluña, las obras necesarias para el deber de conservación, incluidas las que exige la seguridad del edificio, y las que la Administración imponga en virtud de ese deber, son obligatorias y no requieren acuerdo previo de la junta (art. 10.1.a LPH). Las pagan los propietarios, y la junta solo acuerda el reparto de la derrama y cómo se abona (art. 10.2.a). Si la Administración ordena la retirada, quien se oponga o la retrase sin justificación responde él solo de las sanciones (art. 10.2.b). Si nadie lo impone y el material está en buen estado, cambiarlo antes es, a nuestro entender, una decisión de la junta.
Los programas estatales de rehabilitación del Plan de Recuperación, el de barrio y el de edificio, permitían subir la ayuda por retirar amianto con empresas autorizadas hasta 1.000 € por vivienda o 12.000 € por edificio, lo que fuera mayor (Real Decreto 853/2021, arts. 15.2 y 34). Las actuaciones tenían que estar terminadas antes del 30 de junio de 2026 (arts. 19 y 38.1): ya no sirven para una obra nueva.
Si la comunidad está en Cataluña
La Ley 8/2026, de 2 de julio, de la erradicación del amianto, entra en vigor el 3 de octubre de 2026. Se aplica a las personas que residen o prestan servicios en Cataluña y a las entidades, con o sin personalidad jurídica, con sede o actividad económica allí, siempre que sean titulares de bienes en Cataluña, además de a las administraciones catalanas (art. 3). Obliga a no manipular el amianto salvo en los casos autorizados, a informar a la Administración de los lugares con amianto que se conozcan y a mantener libres de amianto los inmuebles en los que se ha identificado, adoptando las medidas para retirarlo (art. 11). Los plazos los fijan las instituciones competentes con carácter vinculante (disposición adicional cuarta), y los criterios para priorizar la retirada se aprobarán por reglamento (disposición final segunda).
La propiedad horizontal no se rige allí por la LPH, sino por el Código Civil catalán. La comunidad tiene que conservar los elementos comunes en condiciones de seguridad y los propietarios tienen que asumir las obras de conservación y reparación necesarias (art. 553-44.1); quien se oponga sin causa justificada a las obras exigidas por la autoridad, o las demore, responde él solo de las sanciones (art. 553-30.5), y el administrador decide las obras urgentes de conservación (art. 553-18.1.e). El Código no dice expresamente, como la LPH, que estas obras se hagan sin acuerdo de la junta.
Al vender o alquilar hay que entregar un certificado de presencia o ausencia de amianto. Quién puede emitirlo y sus características los fijará un reglamento; mientras no lo haya, el certificado debe acreditar al menos el amianto visible, su estado de conservación y el riesgo (art. 21). El administrador de fincas tiene que comunicar a los propietarios la presencia de amianto, ayudarles con ese certificado e informarles de las ayudas (art. 12). Mientras el ayuntamiento no tenga censo propio, hace de censo municipal el Censo catalán de materiales que contienen amianto, consultable cuando la información está verificada (arts. 19.5 y 20.2). La ley crea un fondo para la erradicación del amianto (art. 23) y un Registro de empresas y profesionales capacitados para la gestión del amianto en Cataluña, que el Gobierno debe poner en marcha en los seis meses siguientes a su entrada en vigor (disposición final primera). Su régimen sancionador entra en vigor cuando se apruebe el decreto que lo desarrolle; hasta entonces se aplican las normas sancionadoras ambientales generales (disposición final séptima).
Además, el Código Civil catalán incluye ahora las fibras de amianto entre las inmisiones ilegítimas del vecindario que están prohibidas y generan responsabilidad si causan daños (art. 546-13, en la redacción de la disposición final tercera de la Ley 8/2026).
Dónde lo dice la ley
Disposición adicional decimocuarta y art. 30.1 · Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados
Censo y calendario municipales; 2028 para lo público de mayor riesgo
Texto oficial leído el
Arts. 3, 10.2, 11, 12, 13.1, 18 y 21.4; DT 2.ª; disposición derogatoria única; DF 3.ª · Real Decreto 847/2026, trabajos con riesgo de amianto
Plan de trabajo e inscripción en el RERA también para los trabajos esporádicos
Texto oficial leído el
Art. 3.2 · Real Decreto 396/2006 (derogado desde el 24/10/2026)
La excepción anterior para los trabajos esporádicos y de baja exposición
Texto oficial leído el
Art. 10.1.a y 10.2 · Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal
Obras de conservación o impuestas: sin acuerdo previo; la junta acuerda la derrama
Texto oficial leído el
Arts. 15.2, 19, 34 y 38.1 · Real Decreto 853/2021
Ayuda adicional por retirar amianto en los programas de barrio y de edificio
Texto oficial leído el
Arts. 3, 11, 12, 19.5, 20.2, 21 y 23; DA 4.ª; DF 1.ª, 2.ª, 3.ª y 7.ª · Ley 8/2026 de Cataluña, de la erradicación del amianto
Obligaciones de propietarios y administradores; certificado; censo
Texto oficial leído el
Arts. 553-18.1.e, 553-30.5 y 553-44.1 · Código Civil de Cataluña, libro quinto
Conservación de los elementos comunes en Cataluña
Texto oficial leído el
Preguntas que nos hacen
Tenemos bajantes y una cubierta de uralita. ¿Estamos obligados a cambiarlas ya?
La ley estatal no fija una fecha para los edificios privados: encarga a tu ayuntamiento un censo con un calendario de retirada, sin decir si ese calendario obliga por sí solo (Ley 7/2022, disposición adicional decimocuarta). Fuera de Cataluña, es obra obligatoria si la Administración la ordena o si retirarlas hace falta para conservar el edificio en condiciones de seguridad (art. 10.1.a LPH). En Cataluña, la Ley 8/2026 obliga a mantener el inmueble libre de amianto una vez identificado, en los plazos que fijen con carácter vinculante las instituciones competentes (art. 11.d y disposición adicional cuarta).
¿Puede cambiar un tramo roto de bajante de fibrocemento cualquier fontanero?
Solo si su empresa está inscrita en el Registro de empresas con riesgo por amianto (Real Decreto 847/2026, art. 18.1) y tiene un plan de trabajo aprobado, que para trabajos de una sola jornada, con un máximo de cuatro horas por trabajador y dieciséis entre todos, puede ser un plan único de carácter general (art. 11.4.a). Reparar materiales con amianto está dentro del real decreto (art. 3.1.d), y desde el 24 de octubre de 2026 los trabajos esporádicos y de baja exposición ya no se libran del plan ni del registro: solo de comunicar el inicio con siete días hábiles (arts. 3.2 y 13.1).
¿Dónde está el censo de amianto de mi ayuntamiento?
La ley dice que el censo y el calendario son públicos (Ley 7/2022, disposición adicional decimocuarta). Pídelo al ayuntamiento si no lo encuentras en su web. En Cataluña, mientras el ayuntamiento no tenga censo propio, hace de censo municipal el Censo catalán de materiales que contienen amianto, al que se accede desde el portal sobre el amianto que regula la Ley 8/2026 (arts. 20.2 y 22.1.d).
¿Hace falta votar en la junta la retirada del amianto?
Fuera de Cataluña, si la impone la Administración o es necesaria para conservar el edificio, no hace falta acuerdo para hacerla: es obra obligatoria (art. 10.1.a LPH), y la junta solo acuerda la derrama y cómo se paga (art. 10.2.a). Si es una decisión voluntaria, la decide la junta. En Cataluña rige el Código Civil catalán: los propietarios tienen que asumir las obras de conservación necesarias (art. 553-44.1), pero el Código no dice expresamente que se hagan sin acuerdo.
Voy a vender el piso en Barcelona. ¿Necesito un certificado de amianto?
Desde el 3 de octubre de 2026, la Ley 8/2026 exige entregar un certificado de presencia o ausencia de amianto al vender o alquilar un inmueble en Cataluña (art. 21.2), y el administrador de la finca debe velar por que se entregue y ayudar a tramitarlo (art. 12.1.b). Quién puede emitirlo lo fijará un reglamento; mientras tanto, debe acreditar al menos el amianto visible, su estado y el riesgo (art. 21.3).
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