¿Es obligatorio el certificado energético para vender o alquilar un piso?

Cuándo hace falta

Al vender una vivienda o un local, y al alquilarlos «a un nuevo arrendatario» (art. 3.1.b del Real Decreto 390/2021). Si prorrogas o renuevas el contrato con el mismo inquilino, el real decreto no te pide uno nuevo, y si ya tienes uno en vigor no hace falta sacar otro (art. 6.1).

No hay letra mínima: ni el real decreto ni la Ley de Arrendamientos Urbanos la piden. Una vivienda con G se vende y se alquila igual; lo único que cambia es que su certificado dura cinco años en vez de diez (art. 13.1). El certificado informa de la eficiencia energética y no acredita que el edificio cumpla ningún otro requisito (art. 6.4).

Alquiler de temporada, turístico o de una habitación

Hasta junio de 2021 había una excepción para las viviendas que se usaban menos de cuatro meses al año, con una declaración responsable del propietario (art. 2.2.g del Real Decreto 235/2013, ya derogado). El real decreto actual no la recoge entre sus exclusiones (art. 3.2) ni distingue por la duración del contrato. A nuestro entender, si alquilas la vivienda entera, sea por temporada, como vivienda temporal o a turistas, necesitas el certificado, y su calificación tiene que salir también en el anuncio del portal (art. 17.3).

Con una habitación no está claro. El real decreto habla de vender o alquilar un edificio o una «parte» de él, y por parte entiende la unidad, la planta, la vivienda, el apartamento o el local «diseñados o modificados para su utilización independiente» (art. 2.r). Una habitación dentro de un piso no encaja, y la norma no dice si alquilarla obliga a certificar el piso entero. Desde el 8 de octubre de 2026, la Ley de Arrendamientos Urbanos trata el alquiler de una habitación como arrendamiento de vivienda, habitual o temporal (art. 2.1 y 2.3, en la redacción del Real Decreto-ley 29/2026, pendiente de convalidación), pero no dice nada del certificado. Si vas a anunciarla, lo prudente es tener el del piso.

Excepciones

Son las del art. 3.2: los edificios protegidos oficialmente, pero solo cuando cualquier mejora de eficiencia alteraría de manera inaceptable su carácter o aspecto; las construcciones provisionales previstas para dos años o menos; los edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales de baja demanda energética; los edificios independientes de menos de 50 m² útiles, y los que se compran para demolerlos o para hacer una de las reformas que obligan a certificar, lo que el propietario tiene que hacer valer con una declaración responsable ante la comunidad autónoma.

Un piso pequeño no se libra. Los 50 m² valen para edificios independientes, los que «no estén en contacto con otros edificios» (art. 3.2.d), no para una vivienda dentro de un bloque.

Quién lo hace y quién lo paga

Lo encarga el propietario, que también tiene que conservarlo (art. 6.1), y lo firma un técnico competente (art. 10). Desde el 23 de julio de 2026 el técnico necesita una de las titulaciones que enumera el real decreto (las que habilitan para proyectar o dirigir obras de edificación y, en general con un curso específico, otros títulos universitarios técnicos o científicos y ciertos títulos de formación profesional de grado superior, certificados profesionales o cursos de especialización de nivel 3) y estar acreditado con una declaración responsable ante la comunidad autónoma de su domicilio fiscal, que le habilita en toda España (arts. 4 bis y 4 ter). Los que ya estaban inscritos en el registro de su comunidad autónoma pueden contar como acreditados en las condiciones de la disposición adicional primera del Real Decreto 659/2025.

El Ministerio para la Transición Ecológica publica un listado de técnicos acreditados, pero solo de los que han autorizado que salgan sus datos: si el tuyo no aparece, pregúntale por su acreditación antes de descartarlo.

Ninguna de las normas que citamos fija un precio. En el alquiler de vivienda, a nuestro entender, no se lo puedes cobrar al inquilino. Desde 2023 la ley pone a cargo del casero los gastos de formalización del contrato, y desde el 8 de octubre de 2026 prohíbe repercutirle «ni directa ni indirectamente» los de cualquier servicio prestado para su preparación o formalización (art. 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el último cambio por el Real Decreto-ley 29/2026). El certificado es parte de esa preparación: su etiqueta va anexa al contrato.

Registro y lo que se entrega al firmar

El certificado, con su informe en formato electrónico, se presenta ante el órgano de la comunidad autónoma que lleva el registro, en el plazo que esta fije o, si no fija ninguno, en un mes desde su emisión. Lo presenta el propietario o la persona que autorice, que puede ser el propio técnico. Sin registro no tiene validez legal (art. 6.6), y la etiqueta, que es la que acredita que el certificado está registrado, solo se puede usar desde entonces (arts. 2.ñ y 15.1).

Al vender, se anexan al contrato una copia del certificado registrado y la etiqueta. Al alquilar, se anexa una copia de la etiqueta y se entrega al inquilino el documento de recomendaciones de uso (art. 17.2). Si tu comunidad autónoma obliga a depositar la fianza, entre los datos de la vivienda que hay que dar figura su calificación energética (disposición adicional tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos).

Cuánto dura

Diez años como máximo; cinco si la calificación es G, la única letra que acorta el plazo (art. 13.1). Las condiciones de renovación las fija cada comunidad autónoma y renovarlo es cosa del propietario, que puede además actualizarlo cuando quiera si hay cambios en el edificio que pueden modificar la calificación (art. 13.2 y 13.3). Para vender o alquilar a otra persona tiene que estar en vigor (art. 6.1; Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, disposición adicional duodécima, 4.e).

La letra en el anuncio

La etiqueta va en toda oferta, promoción y publicidad de la venta o el alquiler (art. 15.2), y quien publique o permita publicar el anuncio, sea una inmobiliaria, un portal, una web, una valla o la prensa, tiene que incluir la calificación (art. 17.3). No es solo cosa del propietario.

Poner en el anuncio que el certificado está en trámite no cumple. Si el piso se anuncia, el certificado tiene que estar hecho y registrado: anunciar una calificación que no respalda un certificado en vigor y registrado es infracción muy grave, de 1.001 a 6.000 €. Anunciar sin la calificación un inmueble que debe tener certificado es leve, de 300 a 600 €, y exhibir una etiqueta que no corresponde a un certificado válido, registrado y en vigor, grave, de 601 a 1.000 € (Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, disposición adicional duodécima, 3.d, 5.a y 4.d; decimotercera).

Multas

Las impone la comunidad autónoma (Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, disposición adicional duodécima, apartado 7). El real decreto remite a esa ley para sancionar sus incumplimientos (art. 21). Las que tocan a quien vende o alquila: no presentar el certificado a registro y vender o alquilar sin entregarlo son graves, de 601 a 1.000 €, y no renovarlo cuando toca es leve, de 300 a 600 € (duodécima, 4.b, 4.e y 5.d; decimotercera, 1). Si lo ganado con la infracción supera la multa, la multa es igual a ese beneficio (decimotercera, 2).

Repetir sale más caro: una leve cometida dentro del año siguiente a una sanción firme por lo mismo cuenta como grave, y una grave dentro de los tres años siguientes, como muy grave (duodécima, 4.f y 3.e). Lo que además sea infracción de consumo, por ejemplo en la publicidad, se puede sancionar por la ley de defensa de los consumidores y usuarios (art. 21 del real decreto).

¿Es nulo el contrato sin certificado?

Ni el real decreto ni la Ley de Suelo lo declaran nulo: prevén multas, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que puedan concurrir (Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, disposición adicional duodécima, 1). En el buscador de jurisprudencia del Poder Judicial no hemos encontrado ninguna sentencia del Tribunal Supremo que anule una venta o un alquiler porque faltara el certificado.

El caso que hemos encontrado en el Supremo es el de un local alquilado, que se juzgó en A Coruña, con la norma anterior, el Real Decreto 235/2013. El inquilino pedía anular el contrato por engaño, sobre todo por unas filtraciones que, según él, le habían ocultado, y también porque no le habían enseñado el certificado y le habían dicho que el local tenía la máxima calificación. La Audiencia Provincial no lo anuló: no había prueba de esa promesa, no enseñar el certificado no bastaba para anular el contrato y, razonó, si la calificación era determinante para él la habría puesto como cláusula. El Supremo inadmitió el recurso y esa sentencia quedó firme (auto de 29 de septiembre de 2021, recurso 2977/2019). Si la letra es decisiva para ti, que conste en el contrato.

Si el edificio ya tiene certificado

Para vender o alquilar un piso, la certificación puede basarse en una certificación única de todo el edificio o en la de una o varias viviendas representativas del mismo edificio con las mismas características energéticas (art. 6.2). Si la comunidad tiene uno en vigor y registrado, te puede servir. El real decreto prevé que esté en el Libro del edificio, cuando es obligatorio, o en poder del propietario o del presidente de la comunidad (art. 6.8).

Al revés no funciona igual. Si el edificio tiene que pasar la ITE, la obligación es del edificio entero, no de cada piso (art. 3.1.f), y eso le toca a la comunidad: lo explicamos en la página del certificado energético del edificio.

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