Con la ley en la mano
Ante la comunidad, siempre el propietario: la obligación de contribuir a los gastos es suya (art. 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal), y es a él a quien se reclama. Entre propietario e inquilino de una vivienda, la cuota de comunidad la paga el propietario salvo que el contrato diga por escrito que la paga el inquilino y fije su importe anual (art. 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos). Lo que se mide con contador, como el agua o la luz del piso, es siempre del inquilino (art. 20.4). Desde el 8 de octubre de 2026, el Real Decreto-ley 29/2026 prohíbe cargarle los tributos de la vivienda, como el IBI, salvo que él sea el obligado tributario (art. 20.1). En los contratos anteriores depende de cuándo se firmaron. La Diputación Permanente del Congreso convalidó el real decreto-ley el 12 de noviembre de 2026.
Ante la comunidad: el propietario
Contribuir a los gastos generales según la cuota es una obligación «de cada propietario» (art. 9.1.e LPH). El contrato de alquiler es un acuerdo entre el propietario y el inquilino, y la comunidad no forma parte de él: las cuotas se le reclaman al propietario, también por el procedimiento de reclamación de deudas del art. 21.
El inquilino tampoco vota en la junta en nombre propio, porque la junta es de propietarios. Puede asistir si el propietario le da su representación por escrito (art. 15.1).
Entre propietario e inquilino: lo que se puede pactar
En un alquiler de vivienda se puede pactar que el inquilino pague los gastos generales del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no se puedan individualizar y que correspondan a la vivienda o a sus anexos, como la plaza de garaje o el trastero. En propiedad horizontal, la parte que corresponde a la vivienda es la de su cuota de participación. En un edificio que no está en propiedad horizontal, desde el 8 de octubre de 2026 los gastos de comunidad no se le pueden imputar al inquilino; antes se repartían por superficie (art. 20.1 LAU).
El pacto tiene dos requisitos: escrito e importe anual fijado a la fecha del contrato. Durante los cinco primeros años (siete si el casero es una empresa), esa cantidad solo puede subir una vez al año, por acuerdo, y nunca más del doble de lo que pueda subir la renta (art. 20.3).
Lo que se individualiza con un contador de la vivienda, como el agua, la luz o el gas, lo paga el inquilino en todo caso (art. 20.4).
Honorarios de la inmobiliaria y tributos, desde el 8 de octubre de 2026
Desde el 8 de octubre de 2026, en un alquiler de vivienda no se le pueden imponer al inquilino «los tributos asociados a la vivienda», salvo que él sea el obligado tributario (art. 20.1 LAU, en la redacción del Real Decreto-ley 29/2026). Del IBI lo es quien tiene la propiedad, el usufructo, el derecho de superficie o una concesión sobre el inmueble, no el inquilino (arts. 61.1 y 63.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). Qué pasa con los contratos firmados antes, con la tasa de basuras y con los pisos de una Administración lo explicamos en la guía de quién paga el IBI en un alquiler, enlazada al final de esta página.
Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, que la ley ya ponía a cargo del arrendador, ahora no se pueden repercutir al inquilino «ni directa ni indirectamente, bajo ningún concepto o denominación», y abarcan cualquier servicio para preparar, formalizar, gestionar, novar o renovar el contrato. Otro servicio que no sea esencial solo lo paga el inquilino si lo ha pedido por escrito, sabiendo antes que es opcional y lo que cuesta (art. 20.2).
El Real Decreto-ley 29/2026, convalidado
Un real decreto-ley se aplica desde que entra en vigor, pero el Congreso tiene que convalidarlo o derogarlo en los treinta días siguientes a su promulgación (art. 86.2 de la Constitución), que el Reglamento del Congreso cuenta en días hábiles (art. 90.1). Con las Cortes disueltas desde el 6 de octubre de 2026 (Real Decreto 806/2026), lo decidió la Diputación Permanente del Congreso (art. 78.2), que convalidó el Real Decreto-ley 29/2026 el 12 de noviembre de 2026 (BOE del 13 de noviembre).
Así que sigue en vigor. No ha pasado lo que con el Real Decreto-ley 26/2026, que tenía el mismo art. 20: entró en vigor el 1 de octubre y el Congreso lo derogó el 2.
Derramas y obras: casi nunca son del inquilino
Si el contrato pasa los gastos de comunidad al inquilino, lo que paga es el importe anual pactado, con las subidas limitadas del art. 20.3. Una derrama extraordinaria que lo supere no está en ese importe, y la comunidad se la reclama al propietario. Las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad son del arrendador, «sin derecho a elevar por ello la renta» (art. 21.1 LAU), y si la obra dura más de veinte días y priva al inquilino de parte de la vivienda, la renta baja en proporción (art. 21.2).
Una derrama para una mejora tampoco es un gasto de sostenimiento del art. 20. Lo que la ley prevé para las mejoras es otra cosa: pasados cinco años de contrato (siete si el arrendador es una empresa), el arrendador puede subir la renta por las obras de mejora que haga: el interés legal del dinero más tres puntos sobre lo invertido, descontadas las subvenciones, con un tope del 20 % de la renta (art. 19.1). Si la mejora es de varias viviendas del edificio, se reparte por cuotas (art. 19.2).
Si es un local
Los alquileres de uso distinto de vivienda, como un local o una oficina, se rigen por lo que pacten las partes y, en lo que no hayan pactado, por las normas de esos arrendamientos (art. 4.3 LAU). El art. 20, con la prohibición de cargar el IBI, es de vivienda: en un local, quién paga la comunidad y el IBI depende del contrato. Ante la comunidad, igual que en una vivienda, responde el propietario.
Si la comunidad está en Cataluña
El alquiler se rige igualmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Lo que cambia es la ley de la comunidad: el Código Civil catalán dice expresamente que, en caso de arrendamiento o de cualquier otra cesión del uso, los propietarios siguen siendo responsables ante la comunidad y ante terceros de las obligaciones de la propiedad horizontal (art. 553-37.2).
Dónde lo dice la ley
Art. 20 · Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos
Qué gastos se pueden pactar; tributos, gestión inmobiliaria y contadores (redacción del RDL 29/2026)
Texto oficial leído el
Arts. 19 y 21 · Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos
Mejoras y conservación a cargo del arrendador
Texto oficial leído el
Art. 4.3 · Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos
Locales: libre pacto
Texto oficial leído el
Arts. 9.1.e, 15.1 y 21 · Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal
Obligación del propietario, representación y reclamación de deudas
Texto oficial leído el
BOE-A-2026-20526 · Resolución de 2 de octubre de 2026 del Congreso
Derogación del Real Decreto-ley 26/2026
Texto oficial leído el
Art. 3 · Real Decreto-ley 29/2026
Modifica la LAU con efectos del 8 de octubre de 2026
Texto oficial leído el
BOE-A-2026-23755 · Resolución de 12 de noviembre de 2026 del Congreso
Convalidación del Real Decreto-ley 29/2026
Texto oficial leído el
Sentencia 1637/2025, de 17 de noviembre (ECLI:ES:TS:2025:5076) · Tribunal Supremo, Sala de lo Civil
El IBI y la tasa de basuras con recibo propio se pueden pactar sin fijar el importe
Texto oficial leído el
Arts. 61.1 y 63.1 · Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDLeg 2/2004)
Quién paga el IBI
Texto oficial leído el
Arts. 78.2 y 86.2 · Constitución Española
Convalidación en treinta días; con las Cortes disueltas, por la Diputación Permanente
Texto oficial leído el
Art. 90.1 · Reglamento del Congreso de los Diputados
Los plazos por días se cuentan en días hábiles
Texto oficial leído el
Art. 1 · Real Decreto 806/2026
Disolución del Congreso y del Senado (BOE de 6 de octubre de 2026)
Texto oficial leído el
Art. 553-37.2 · Libro V del Código Civil de Cataluña
El propietario responde aunque alquile
Texto oficial leído el
Preguntas que nos hacen
Mi contrato dice que el inquilino paga la comunidad, pero no pone cuánto. ¿Tiene que pagarla?
No por ese pacto. Para que valga, tiene que constar por escrito y fijar el importe anual de los gastos a la fecha del contrato (art. 20.1 LAU).
El inquilino no paga la comunidad. ¿Puede la comunidad reclamársela?
No. La obligación de contribuir es del propietario (art. 9.1.e LPH) y la comunidad le reclama a él. El propietario puede reclamar al inquilino lo pactado en el contrato.
¿Quién paga una derrama extraordinaria?
La comunidad se la reclama al propietario (art. 9.1.e LPH). El inquilino solo paga, por gastos de comunidad, el importe anual que fije el contrato, con las subidas del art. 20.3 LAU. Por mejoras, a partir del quinto año de contrato (séptimo si el casero es empresa), el arrendador puede subir la renta con un tope del 20 % (art. 19.1).
¿Cuánto me pueden subir los gastos de comunidad del contrato?
En los cinco primeros años (siete si el arrendador es una empresa), una vez al año, por acuerdo y nunca más del doble de lo que pueda subir la renta (art. 20.3 LAU).
¿Tiene que pagar el inquilino los honorarios de la inmobiliaria?
No. Desde el 8 de octubre de 2026, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato no se le pueden repercutir «ni directa ni indirectamente, bajo ningún concepto o denominación» (art. 20.2 LAU). Un servicio que no sea esencial solo lo paga si lo ha pedido por escrito, sabiendo antes que es opcional y lo que cuesta.
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